Cómo los certificados de necesidad y conveniencia limitan la inversión y el acceso a los servicios de salud en Puerto Rico

<jats:p>Este informe de política pública examina el régimen de certificados de necesidad y conveniencia (CNC) de Puerto Rico a la luz de la literatura empírica más amplia sobre las leyes de certificado de necesidad (CON), las tendencias recientes de reforma en Estados Unidos y las restricciones estructurales que enfrenta el sistema de salud de Puerto Rico. Las leyes de CON y CNC requieren aprobación gubernamental previa antes de que determinadas instalaciones, servicios, equipos o expansiones de salud puedan entrar al mercado. Aunque estos regímenes suelen justificarse como herramientas de planificación, contención de costos y protección de la calidad, la evidencia revisada en este informe muestra, en general, que tienden a restringir la entrada, proteger a los proveedores establecidos, aumentar las cargas administrativas y limitar la disponibilidad de servicios, mientras que la evidencia de beneficios públicos consistentes sigue siendo mixta o dependiente del contexto. El informe sitúa esta evidencia en el entorno particular de política pública de Puerto Rico, incluidas las disparidades en el financiamiento federal de Medicare y Medicaid, la situación financiera precaria de los proveedores, la escasez de profesionales de la salud, la alta cobertura de seguros pero el gasto per cápita en salud comparativamente bajo, y los estándares federales existentes de calidad y participación. Argumenta que el marco de CNC de Puerto Rico debe entenderse como un sistema discrecional de control de oferta que puede retrasar la inversión, complicar la expansión de servicios y reforzar barreras geográficas y administrativas al acceso a la atención. El informe recomienda una fuerte presunción a favor de derogar los requisitos de CNC de Puerto Rico o, como mínimo, reducir sustancialmente las categorías sujetas a revisión. Además, recomienda exenciones alineadas con Medicare, umbrales objetivos, plazos fijos, límites a las demoras impulsadas por proveedores establecidos y mayor divulgación pública de información. El objetivo de política pública es alejar a Puerto Rico de las barreras amplias de aprobación previa y avanzar hacia herramientas modernas de supervisión que protejan a los pacientes y, al mismo tiempo, permitan inversión oportuna, innovación y prestación competitiva de servicios de salud.</jats:p>